Descubre cómo adaptarte a la Ley SAC -
desayuno empresarial en Madrid, España
Con la llegada de la Ley SAC, las empresas deben adaptarse a nuevos estándares de atención al cliente que entrarán en vigor próximamente. Para ayudarte a cumplir con esta normativa y gestionar sus implicaciones económicas, te invitamos a un desayuno especial que tendrá lugar el próximo 9 de octubre en el Club 567. Este evento está organizado por Outsoucing SAS BIC en colaboración con la Asociación Española de Expertos en Relación de Clientes (AEERC).
¿Qué es la Ley SAC y cómo te afectará?
La Ley SAC introduce una serie de requisitos diseñados para garantizar una atención al cliente de alta calidad, personalizada y accesible. Entre las principales novedades se incluyen la reducción de los tiempos de espera para atender solicitudes e incrementar la transparencia en la comunicación con los consumidores.
A partir de su implementación, los servicios de atención al cliente deberán estar disponibles las 24 horas, los 365 días del año, especialmente en sectores esenciales como energía, agua, transporte, servicios financieros y telecomunicaciones. La ley también impone obligaciones específicas sobre la accesibilidad y personalización del servicio, incluyendo:
- Disponibilidad 24/7: Los servicios esenciales deben estar disponibles en todo momento.
- Accesibilidad personalizada: Las empresas deben adaptar sus servicios para atender a clientes con discapacidades y mayores.
- Tiempo de respuesta: El 95% de las llamadas telefónicas deben ser respondidas en menos de 3 minutos, y se prohibirá el uso exclusivo de contestadores automáticos y chatbots para atender consultas.
- Resolución de reclamaciones: El plazo para resolver una reclamación se reduce a 15 días, en lugar de los 30 días actuales.
- Auditorías externas: Las empresas deberán someterse a auditorías realizadas por entidades acreditadas para asegurar el cumplimiento de los nuevos requisitos.
- Comunicación de incidencias: Las empresas deben informar a los usuarios sobre incidencias contractuales significativas que afecten el servicio.
Además, la ley prevé un régimen sancionador severo, con multas de hasta 100.000 euros por incumplimientos graves.